Carrocerías de vehículos robados y prolijamente desmantelados, algunas incendiadas, permanecen en los fondos del barrio Villa Esperanza, a orillas del Arroyo Morón, en un lugar cercano al cruce de la ruta provincial 8 y el Camino del Buen Ayre. Lamentablemente son imágenes que forman parte del paisaje de una área castigada y vandalizada por el delito. 

Un barrio donde los jóvenes están afectados por las consecuencias de la corrupción, del narcotráfico y del descuido del medio ambiente, donde los criminales cometen delitos con el menor esfuerzo. Un barrio que conoce de sobra el progresivo abandono del Estado, de sus responsabilidades primarias. Ausencia que duele más que nunca, justamente, porque se registra en los sectores de la comunidad necesitan asistencia y protección.

Los ciudadanos honestos y trabajadores del barrio han sido abandonados virtualmente por el Estado y están a la buena de Dios. 

La liberación de la zona, implica "dejar hacer" a las bandas, que tienen de rehén a la población de ese barrio. En ese escenario los niños quedan presos de la ausencia del Estado, de los delincuentes y del narcomenudeo que ellos mismos protagonizan (ya que no quedar otra salida) junto a la violencia que las bandas instauran en esos territorios.

Lo habitual es que en estos lugares comience a morir lentamente el sentido de comunidad y que los lazos sociales e institucionales sean sustituidos por otros, generados por las conductas ilegales o por el avance de las bandas delictivas. La impunidad con que actúan los delincuentes y vendedores de droga merece un llamado de atención.

A esto se llega cuando el poder público no interviene tempranamente y su ausencia es ocupada por bandas delictivas, a menudo vinculadas al tráfico de drogas o de armas. A veces el clientelismo político intenta capitalizar en su beneficio esa situación de abandono y desolación.

La rápida recuperación de las áreas urbanas, la inclusión social de los sectores marginados y la presencia clara del Estado como garante de seguridad son fundamentales para revertir la espiral del crimen y la violencia en los contextos urbanos.

Sólo el Estado y sus representantes parecen no darse por aludidos, acaso porque están requeridos por la absorbente tarea de disputar y retener el poder.