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Regularización de migrantes en España: Aprobación inminente

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Regularización de migrantes en España: Aprobación inminente

El Gobierno español aprobará “inminentemente” la regularización extraordinaria de migrantes, generando incertidumbre y angustia ante la cercanía del plazo de solicitudes.

El Gobierno de España se prepara para aprobar de forma “inminente” una regularización extraordinaria de migrantes, una medida que afectará a cientos de miles de personas. Sin embargo, la demora en la publicación oficial está generando incertidumbre y angustia entre los interesados, quienes ven cómo se reduce el tiempo para presentar sus solicitudes.

Dictamen y plazos

El Consejo de Estado envió al Gobierno su dictamen sobre el real decreto, incluyendo “observaciones” para mejorar la norma. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido en que habrá “plazo suficiente” para realizar los trámites de forma “ágil y eficaz”. Se espera que el plazo de solicitudes se mantenga hasta el 30 de junio.

Requisitos y documentación

Según el borrador del real decreto, podrán beneficiarse quienes se encontraran en España antes del 31 de diciembre y hayan permanecido en el país de forma continuada durante los cinco meses anteriores a la solicitud. También podrán aplicar solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes de esa fecha. Un requisito fundamental será carecer de antecedentes penales.

Para acreditar el tiempo de residencia, se podrá recurrir al padrón municipal, informes médicos, contratos de luz o alquiler, o certificados de envío de dinero. En caso de no poder obtener el certificado de antecedentes penales, se podrá presentar una declaración responsable.

Preocupaciones y críticas

La plataforma ‘Regularización Ya’ advierte sobre el aumento de bulos, discursos antiinmigración y abusos ante el retraso en la publicación de la medida. Denuncian cobros excesivos por citas y asesoramiento sobre un trámite que aún no se puede realizar. PP y Vox se oponen a la regularización, cuestionando la falta de control efectivo sobre los antecedentes penales de los solicitantes.

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