El arancelamiento hospitalario a no residentes dispuesto por la administración nacional genera cruces y cuestionamientos sobre el rol del Estado.
La implementación del arancelamiento hospitalario a no residentes, formalizado mediante la Resolución 1066/2026 por el gobierno de Javier Milei, continúa generando intensos debates públicos en torno al sistema sanitario nacional.
Cuestionamientos a la medida oficial
Diversos sectores analizan el impacto de la normativa sobre la salud pública. Mientras la administración nacional defiende la disposición, sectores críticos señalan que la medida profundiza el desmantelamiento sanitario y utiliza a la población migrante en medio del contexto socioeconómico actual.