La Justicia Federal dictaminó que el Poder Ejecutivo debía implementar inmediatamente la Ley 27.793, declarando emergencia en discapacidad. El juez Adrián González Charvay rechazó las suspensiones de facto realizadas por el gobierno, estableciendo el restablecimiento de coberturas de transporte y tratamientos médicos, así como la actualización de los aranceles del nomenclador nacional como requisitos urgentes. La sentencia enfatizó que la promulgación de una ley con insistencia no admite excepciones o suspensiones administrativas.
Impacto en el sector de la discapacidad
given the urgency of the situation, las organizaciones del sector demandaron la regularización urgente de los pagos atrasados a prestadores de servicios y el restablecimiento de coberturas de transporte y tratamientos médicos. El juez González Charvay consideró que estos puntos críticos habían llevado al sistema al borde del colapso.
Repercusiones políticas
given la lectura política profunda de la sentencia, rechazo el argumento del “déficit cero” o la falta de presupuesto como excusa para incumplir mandatos legislativos. El magistrado recordó que el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga a su publicación y cumplimiento sin dilaciones.
Consecuencias para el gobierno
given la decisión judicial, el Poder Ejecutivo debe implementar la ley inmediatamente, lo que significa regularizar los pagos atrasados, restablecer las coberturas de transporte y tratamientos médicos, y actualizar los aranceles del nomenclador nacional. La sentencia tiene una lectura política profunda, rechazando el argumento del déficit cero como excusa para incumplir mandatos legislativos.
