# El nuevo presupuesto busca equilibrar cuentas públicas
Un claro planteo de política económica
La entrada en vigencia del Presupuesto para la Administración Pública Nacional correspondiente al ejercicio 2026 fue formalizada por el Gobierno mediante publicación en el Boletín Oficial, bajo la ley 27.798.
Según esta normativa, se buscó fijar los parámetros del programa económico del gobierno de Javier Milei, con un claro objetivo de lograr superávit en las cuentas públicas y una política fiscal flexible que permita reducir impuestos si el saldo a favor es mayor al previsto o recortar partidas si se queda menor.
Se estima para el Sector Público Nacional un excedente financiero de $2.734.029.655.055, lo que supone una gestión cuidadosa de los recursos y priorización de gastos.
Para alcanzar esta meta, el cálculo de recursos totales se fijó en $148,29 billones y el total de gastos corrientes y capital autorizados para el mismo periodo asciende a $148,06 billones.
En cuanto a la distribución del gasto por finalidad, los Servicios Sociales concentran la mayor partida con $106,52 billones. Le siguen en importancia el pago de la deuda pública con $14,11 billones, los Servicios Económicos con $11,45 billones, la Administración Gubernamental con $8,85 billones y los Servicios de Defensa y Seguridad con $7,11 billones.
Con respecto a las universidades nacionales, se asignó un presupuesto de $4,78 billones. Esto resalta la importancia que se le da al sector educativo en el marco del nuevo presupuesto.
La ley aclaró que estas instituciones deben presentar información sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, bajo riesgo de que se interrumpan las transferencias si no se cumplen con este requisito.
El gobierno busca equilibrar la balanza entre gastos y recursos para lograr un crecimiento sostenible y responsable del Sector Público Nacional. La implementación de esta política económica espera mejorar la seguridad financiera del país.
La formalización del Presupuesto 2026 abre nuevas oportunidades de inversión y desarrollo, pero también plantea retos en materia de gestión fiscal. El éxito dependerá del compromiso del gobierno con sus propias metas y la colaboración de todos los sectores involucrados.
En este contexto, es importante destacar que la ley 27.798 trasciende su carácter normativo para convertirse en un verdadero programa de gobierno. Al consolidar las cuentas públicas y promover una política fiscal responsable, se buscan no solo equilibrar el presupuesto sino también sentar las bases para un crecimiento económico sostenible y próspero para todos los argentinos.
La entrada en vigencia del Presupuesto 2026 marca un nuevo capítulo en la historia financiera de Argentina. Con esta ley, el gobierno busca establecer un marco sólido para que el país pueda crecer de manera responsable y equilibrada.