La decisión de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha generado una fuerte reacción entre los sectores afectados, especialmente Daniel Arroyo, ex titular de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Según él, esta medida es un “retroceso grave” que vulnera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La ANDIS era un organismo clave para implementar y seguir políticas relacionadas con la discapacidad en Argentina. Su cierre significa perder una herramienta valiosa para abordar el tema integralmente, incluyendo aspectos como educación, trabajo, salud y transporte. La comunidad internacional, incluidas organizaciones como la ONU, ha sido clara en su apoyo a medidas que promueven la igualdad y la inclusión.
El anuncio del cierre de ANDIS se produjo meses después del escándalo de corrupción y soborno en el organismo, que involucró al ex titular Diego Spagnuolo. La decisión parece priorizar intereses particulares sobre el bien común. Es imperativo que las autoridades consideren la opinión pública y tomen medidas para promover la igualdad y la inclusión en la implementación de políticas públicas.
La historia de ANDIS es un ejemplo claro de cómo las administraciones pueden priorizar intereses particulares sobre el bien común. La decisión del cierre de ANDIS representa un retroceso grave en la protección a personas con discapacidad y vulnera la Convención Internacional.
