# Apelación gubernamental
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que el Gobierno apela el fallo judicial que declaró nulo el Protocolo Antipiquetes. Este anuncio responde a la decisión del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, bajo el mando del juez Martín Cormick, quien declaró ayer la nulidad del mencionado protocolo.
Reacciones de la ministra Monteoliva
cabe destacar que la Ministra Monteoliva expresó su preocupación por lo que considera un ataque a la seguridad y el orden público. Según sus palabras, “sin protocolo no hay orden, hay caos” y lamentó que algunos sectores buscan socavar el esfuerzo del gobierno para restaurar la tranquilidad en la Argentina.
Fundamentos técnicos, jurídicos y operativos
cabe destacar que la Ministra enfatizó los fundamentos técnicos, jurídicos y operativos del Protocolo Antipiquetes. Afirmó que este protocolo tiene una base sólida que le da legitimidad para ser aplicado en la medida de sus facultades.
Reversión judicial
cabe destacar que el Juez Cormick resolvió a favor del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al declarar nulo el protocolo antipiquetes. En su decisión, Cormick sostuvo que la administración pública no tiene facultades para dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos.
Repercusiones de la apelación gubernamental
cabe destacar que esta medida gubernamental puede tener un impacto significativo en el panorama político y social argentino. Algunos sectores podrían ver esto como una defensa del orden y la seguridad, mientras otros lo percibirán como un ataque a sus derechos fundamentales.
Conclusión
cabe destacar que la decisión gubernamental de apelar el fallo judicial que declaró nulo el Protocolo Antipiquetes abre nuevas posibilidades para el debate y la discusión en torno al papel del gobierno en materia de seguridad y derechos humanos. Esta acción puede marcar un punto de inflexión en las políticas públicas que buscan equilibrar la necesidad de orden con el respeto a los derechos individuales.
