La comunidad educativa de la Etapa se ha quejado ante los tribunales. Este lunes un grupo de padres y alumnos presentó una medida cautelar para que la Justicia declare la inconstitucionalidad del Artículo 30 del Presupuesto 2026.
Según los demandantes, el recorte impulsado por la gestión de Javier Milei es drástico: el financiamiento para 2026 representa apenas un 7% de los valores equivalentes a 2023, lo que implica una caída real del 93%. Los argumentos presentados ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11 cuestionan la legalidad técnica de la medida:
Jerarquía de leyes: se sostiene que una ley anual (Presupuesto) no puede derogar leyes permanentes (como la Ley de Educación Técnico Profesional) que garantizan derechos estructurales.
Principio de No Regresión: La Constitución Nacional prohíbe que el Estado quite derechos sociales ya conquistados. Eliminar los pisos de inversión se considera una ‘decisión regresiva explícita’.
*Discriminación: la cautelar advierte que el desfinanciamiento torna a la educación técnica en un servicio ‘selectivo por ingresos’, donde solo quienes puedan pagar formación privada tendrán acceso a herramientas profesionales.
‘El daño será irreversible’. El amparo subraya un concepto clave para la urgencia de la cautelar: la educación no se puede ‘pausar’. Las trayectorias de los estudiantes, su futuro, dependen de la continuidad del sistema educativo. El cambio es drástico y el impacto será irreversible.
La comunidad educativa espera una respuesta rápida desde las cortes. Mientras tanto, las escuelas técnicas siguen operando con un presupuesto caído al 7% de lo que era habitual, sin saber qué ocurrirá a partir del año próximo. La incertidumbre y la preocupación son sentimientos compartidos.
La educación técnica no se puede pausar. Las trayectorias de los estudiantes dependen de la continuidad del sistema.
