Diez funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) son señalados por presuntas responsabilidades penales y administrativas.
La Contraloría General de Perú identificó a diez funcionarios de la ONPE como responsables de irregularidades en las elecciones generales del 12 de abril. Los retrasos en la apertura de locales de votación en Lima, por falta de material electoral, desataron la investigación.
Contratación bajo sospecha
Según la Contraloría, la ONPE habría favorecido irregularmente la contratación de la empresa de transporte Galaga para la distribución del material electoral. Se redujo el tamaño mínimo de los camiones requeridos en el concurso público, pasando de 10 a 8 metros cúbicos.
Además, se detectó que Galaga utilizó mayoritariamente vehículos alquilados (92%) para el transporte, en lugar de vehículos propios (8%). La Contraloría atribuye esto al accionar irregular de los evaluadores designados.
Reprogramación de rutas a último momento
Otro punto crítico fue la reprogramación de 43 rutas, afectando a 553 locales de votación y a más de dos millones de electores, realizada horas antes de los comicios. La Contraloría determinó que los tiempos de entrega asignados eran insuficientes, lo que provocó la distribución tardía del material electoral.
La Contraloría recomendó iniciar acciones penales contra los funcionarios involucrados y deslindar responsabilidades. A pesar de estas irregularidades, tanto la ONPE como las misiones de observación consideran que no afectaron el resultado final de las elecciones.
Fuente: Infobae.com | Lee la nota original aquí
Las imágenes utilizadas en esta publicación fueron obtenidas de las fuentes oficiales del medio original (RSS/Open Graph), las cuales se consideran de dominio público conforme a su distribución pública. Este medio respeta y cita la autoría original, cumpliendo con la normativa de derechos de autor vigente.
