Viernes, 04 Septiembre 2020 14:49

Alberto Fernández analiza la prórroga del congelamiento de alquileres

El Presidente anunció la posibilidad de extender las medidas de congelamiento de cuotas y prórroga de contratos, que vencerían a fines de septiembre.

La medida había sido reglamentada por el decreto 320/20, que fue publicado el 29 de marzo, ante la emergencia sanitaria y económica generada por la situación de pandemia, y se extiende hasta el 30 de septiembre. En él, además de congelar los precios y extender los contratos que vencían antes de septiembre, se reglamentaba la suspensión de desalojos ante falta de pago.

Cabe destacar que este decreto fue impulsado cuando en el país habían 75 contagiados por coronavirus, situación que se agudizó profundamente y complejizó la economía, y por la cual surgió la posibilidad de extender la medida. Fernando Muñoz, miembro de la Defensoría del Inquilino de la ciudad de Buenos Aires, declaró: “La extensión que se necesita del decreto es la prórroga de los contratos. Que nadie quede en la calle”.

Al respecto, en el programa “A Dos Voces”, Alberto Fernández afirmó: "Hay que esperar para tomar una decisión sobre los alquileres". Pero agregó que "lo que tienen que saber todos es que vamos a proteger a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos".

Además, explicó que "todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo hasta tranquilizar la economía. La economía está intranquila en el mundo porque la pandemia dio vuelta la economía del mundo y además está intranquila porque la Argentina ha tenido muchas dificultades en los últimos años". 

En marzo también se sancionó el decreto 319/20, que congeló las cuotas de los créditos hipotecarios UVA. Sobre esto, el presidente adelantó: “Respecto al tema UVA estamos tratando de encontrar una solución similar a la teoría del esfuerzo compartido. Puede ser una salida para este tipo de créditos, lo estamos trabajando”.

En caso de confirmarse esta prórroga, se prevé que la medida se extienda hasta enero del 2021. En ella se contemplan los contratos de alquileres para vivienda única, las habitaciones en pensiones, los alquileres para actividades comunitarias, culturales o para producciones familiares y agropecuarias, los inmuebles alquilados por monotributistas o profesionales para la prestación de servicios, y aquellos alquilados por mipymes, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas.

 

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