Discapacidad: II Cumbre global y reclamo

Jueves, 06 Junio 2019 14:39

Mientras Argentina es sede de la Cumbre Global de Discapacidad, el gobierno le recorta recursos al sector. Un culto a la hipocresía.

La II Cumbre Global de Discapacidad empezó hoy, a las 11.30, en Tecnópolis. Allí, especialistas de más de 20 países se reunieron para debatir la implementación de políticas públicas “que aseguren la plena inclusión de las personas con discapacidad y garanticen sus derechos en la sociedad”.

 

Participaron de la apertura la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti; la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, y su par argentina, Juliana Awada. Entre los principales oradores figuran Pamela Molina, especialista de la OEA; John Flen, enviado especial de la Oficina de Discapacidad y Accesibilidad de las ONU, y Elena dal Bó, del Consejo de Inclusión Internacional, entre otros.

 

El gobierno del país que oficia como sede del encuentro está profundizando un recorte en los fondos destinados al sector. Por eso, las organizaciones que trabajan junto a personas con discapacidad, integrantes del Foro Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas Con Discapacidad, hicieron saber su malestar con la situación que atraviesan. Y enumeraron:

 

-Autoridades nombradas en la Agencia Nacional de Discapacidad con un importante desconocimiento sobre la temática, los derechos de las personas con discapacidad, las normativas nacionales y la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y con evidentes prejuicios sobre las mismas.

 

-Abundantes anuncios desde las máximas autoridades gubernamentales sobre políticas no asistencialistas que no se concretaron, sino que por el contrario se ha tratado de destruir lo existente (por ej. quita de pensiones no contributivas y denegación de otorgamiento de las nuevas, retroceso en el reconocimiento y acceso a prestaciones, etc.).

 

-Supresión sin previo aviso de la pensión por invalidez (años 2016 y 2017) por considerar que había incompatibilidades para su entrega y todo bajo un manto de sospecha de corrupción. La Justicia ordenó devolver las pensiones así quitadas por no respetar el derecho de sus titulares y las normativas administrativas.

 

-Para plantear las incompatibilidades con las pensiones ya otorgadas el gobierno insistió en el Decreto 432/97, que las reglamentaba, y desconoció lo sucedido históricamente a favor de la población con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Dicho decreto no respeta lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad.

 

-Exigencia de un nuevo certificado digital que establece la incapacidad laboral con anuncio de no pago de la pensión de no presentarse el mismo en un plazo establecido de 60 días. Esto se hizo sin haber realizado previamente la capacitación del personal sanitario y sin contar con internet en todos los centros públicos de atención del país. Se extendió el plazo unos 30 días más por los reclamos, aunque no se ha superado la dificultad con internet.

 

-No se ha promovido el trabajo de las personas con discapacidad por más que desde altos niveles del gobierno se dijo que las personas con discapacidad podían trabajar. No se ha cumplido con hacer crecer el porcentaje de personas con discapacidad trabajando en el Estado cuando hubo nuevos nombramientos en el mismo y en las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Tampoco se ha cumplido con la Ley que regula el Empleo Protegido para personas con discapacidad.

 

-El Programa Incluir Salud, que está dirigido a los titulares de pensiones no contributivas, ha llegado a adeudar seis meses a los prestadores de servicios de las personas con discapacidad, actualmente debe pagos atrasados de los años 2017 y 2018. Sin tener en cuenta que de estos servicios dependen la educación, rehabilitación y asistencia de miles de personas en nuestro país.

 

-El Estado no ha dado aumentos en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad que tengan en cuenta los reales costos y la inflación reinante en nuestro país, poniendo a las instituciones prestadoras de estos servicios en una crisis terminal dejando sin atención a esta población porque el Estado no cuenta con los mismos. A raíz de ello varios servicios han tenido que cerrar en el país.

 

-Transferencia a las Provincias de las prestaciones de transporte que permiten asistir a los diversos servicios, sin tiempo de preparación de los organismos provinciales y sin tomar los correspondientes recaudos desde el Estado Nacional. Esto provocó la suspensión de servicios para muchas personas con discapacidad y por este motivo muchas han quedado sin atención en educación, rehabilitación, asistencia, etc.

 

“Tenemos que decirles que nos alegra que las personas con discapacidad, sus organizaciones y las que trabajan junto a ellas, se reúnan en nuestro país, pero no podemos dejar de expresarles que el gobierno que les abre las puertas, no ha respetado la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. Lo descripto precedentemente es un ejemplo de ello”, concluyeron.

 

Las organizaciones que conforman el Foro son: AIEPEsA (Asociación de Instituciones Educativas Privados Especiales Argentinos) – ASAC (Asociación de Ayuda al Ciego) – ATAECADIS (Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas) – CAIDIS (Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad) – CASAIE (Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar) – CEMARID (Cámara de Entidades Médico Asistenciales para la Rehabilitación Interdisciplinaria de la Discapacidad) – Comisión Para las Personas Con Discapacidad (Arquidiócesis de Buenos Aires) – Federación Converger de Córdoba – FENDIM (Federación de Entidades Pro Atención a las Personas Con Discapacidad Intelectual) – Obra de Don Orione.

Leído 256 veces
VTEM Banners
VTEM Banners
Tu Noticia