Domingo, 04 Octubre 2020 16:41

Semana política: ¿Y si ahora el Gobierno contraataca contra la Corte Suprema?

El fallo de la Corte Suprema que aceptó el per saltum sobre el relevo de los jueces de la Cámara sorprendió al arco político. Pero el resultado aún no está cerrado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente, hace más de dos años, un fallo que analiza nada menos que si la Reforma Previsional impulsada por el macrismo fue o no inconstitucional.

También ha demorado años en dictaminar sobre cuestiones de medio ambiente, Derechos Humanos o hasta sobre el corralito y la pesificación, que afectaron a millones de argentinos. Sin embargo, el plazo fue express para la causa que involucra a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli de la Cámara de Casación. En la última semana, el máximo tribunal consideró que hay en juego una "gravedad institucional" que obliga al organismo a aceptar un per saltum y definir la legalidad de su remoción, votada por el Senado. Y se pronunciará al respecto en los próximos días.

Ese movimiento judicial tuvo fuerte impacto político. La unanimidad, extraña en una Corte Suprema llena de divisiones, sorprendió al Gobierno. Y el hecho de haber aceptado tratar un caso en el que la sentencia podría provocar un choque de poderes del Estado e ineludibles consecuencias implicó un triunfo del presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz. La oposición reaccionó con euforia al considerarlo un nuevo freno al Gobierno, pero en el oficialismo primó el silencio y la cautela. Saben que aún no está definida la cuestión de fondo, y que la Corte podría, en un juego de equilibrios, validar la operación del Senado, que dejó sin efecto los movimientos judiciales que había llevado a cabo Mauricio Macri.

Pero ese sería un escenario futuro. Lo cierto es que al día de hoy, la Corte Suprema llevó a cabo un nuevo sacudón al tablero político. Y mostró los límites que gobiernos populares tienen con la cabeza del Poder Judicial, en un patrón casi común en América Latina. Los tribunales supremos han sido, por caso, los que proscribieron la candidatura de Lula da Silva en Brasil, o impidieron la presentación de Rafael Correa en Ecuador o la posibilidad de que Evo Morales sea senador en Bolivia. En nuestro país, uno de los proyectos más importantes del segundo gobierno de Cristina Kirchner, la llamada "Reforma Judicial", sucumbió en 2013 luego de la intervención de la Corte. Y otra de las banderas, la Ley de Medios, obtuvo una constitucionalidad muy licuada, después de un letargo de cuatro años tras su sanción.

La decisión de esta semana tuvo un matiz muy similar al fallo mencionado de 2013. El inusual apuro en marcar la cancha y "hacer agua" el festejo del Gobierno, que recurrió en ambas ocasiones al aval del Poder Legislativo. Y un marcado corporativismo, que parece estar por encima de cualquier interna que tengan los jueces supremos. Si la Corte optara por seguir avanzando en el sentido de la "gravedad institucional", le daría un nuevo golpe al Gobierno, y lo obligaría a tomar una decisión. O acepta resignado las sentencias en contra, que no hacen más que marcarle los límites de su acción gubernamental, quitándole poder real. O redobla la apuesta y desempolva un ataque a la Justicia, instalando en el debate a la propia Corte Suprema. 

Algo en ese sentido pareció insinuar el bloque del "Frente de Todos" en el Congreso, que activó un pedido de juicio político al presidente Carlos Rosenkrantz. Si bien el oficialismo no tiene los dos tercios de senadores que le permitirían desplazarlo, instalar en la agenda una discusión acerca de cómo funciona el máximo tribunal (y la Justicia toda), podría serle redituable. Parece increíble, en pleno Siglo XXI, en el que se ha legislado hasta contra la re-reelección de intendentes, en el que el cuestionamiento liberal al "salario de los funcionarios" es cada vez mayor, y en el que una fuerza política hace bandera de la defensa de la alternancia y la democracia, que exista un organismo como la Corte Suprema de carácter vitalicio, sin representación real de las fuerzas democráticas, que no pague impuesto a las ganancias, cobren salarios muy por encima incluso de otros cargos relevantes como el Presidente o diputados/senadores y que no tenga plazos definidos para fallar, lo que les permite mantenerse paralizados por meses como sucedió, por caso, al comienzo de la cuarentena.

Para el debate, podría sumar también el hecho de que 3 de los 5 miembros llegaron o están en su estrado de manera irregular (Rosenkrantz y Horacio Rosatti por decreto con funciones desde ese día, pese a que luego tuvieron aval del Senado) y Elena Higton de Nolasco permanece a pesar de tener 75 años, cuando la Constitución dice que debe renunciar. Si quisiera instalar el tema, tendria la "ayuda" de que la principal potencia del planeta, y faro de referencia de muchos de los "republicanos" argentinos, está realizando una discusión similar. El presidente Donald Trump impuso la nominación de una jueza de su agrado, y todo parece indicar que logrará confirmarla en el Senado, pese a que faltan menos de un mes para votar y podría ser desplazado de la Casa Blanca. "Gané las elecciones y tengo derecho", dijo el mandatario. El Gobierno argentino podría tener allí una guía para redoblar la apuesta, y volver a mostrarse firme.

Por Mateo Lazcano

Leer 318 veces